Era inevitable. Al presidente Gustavo Petro no le quedó otra alternativa en el arranque de su gobierno que impulsar una reforma tributaria. Cualquier mandatario habría tenido que hacer lo mismo. El escenario económico mundial y el interno así lo exigen ante una inflación disparada en casi todos los países, una guerra de tasas de interés altas para contenerla, la debacle económica producto de la pandemia, la crisis energética y el hambre. El 2023, con recesión a bordo, pinta desalentador y Colombia tiene que estar preparada, con un déficit fiscal que este año se estima en 5,6 por ciento del PIB (más de 60 billones de pesos).

Ante ese panorama, el Gobierno se la está jugando con una tributaria dura pero necesaria, exigida por quienes votaron por el “cambio”, aunque impopular en algunos sectores. Si se desborda, puede llegar a ser peligrosa.

El país, pese a la recuperación y el crecimiento de la economía (10,6 por ciento en 2021 y 10,6 por ciento en el primer semestre de 2022), sufre los estragos de la covid, arrastra un nivel de deuda que representa el 56,2 por ciento del PIB, el desempleo sigue en dos dígitos (10,6 por ciento) y los consumidores se sienten asfixiados por una inflación anual a septiembre del 11,44 por ciento, la más alta en 23 años. Las tasas de interés pasaron, en apenas un año, del 1,5 al 10 por ciento, el indicador más alto en décadas.

A cualquier observador le podría parecer un contrasentido que el Gobierno Petro decida apretar más a sus ciudadanos y empresarios vía impuestos. Sin embargo, eso está ocurriendo en todo el mundo. La reforma que acaba de ser aprobada en las comisiones económicas del Congreso por la aplanadora gobiernista no puede ser discutida en blanco y negro, pues hay grises. Tampoco puede distorsionarse ante los intereses políticos y económicos que están en juego.

Eso sí, Petro está cumpliendo lo que prometió en campaña. Tras su primera gran victoria en el Congreso, el mandatario dijo que busca “avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y crear un sistema justo de tributación, donde los que más tienen sean los que más tributen”. Una frase similar a la que repitió en los meses pasados en diferentes plazas públicas y debates.

La primera gran preocupación está en la industria de los hidrocarburos, considerada como la gallina de los huevos de oro. La discusión se centra en el impacto en el sector al tener que aportar 9 billones de pesos de los 22 billones de pesos que busca recaudar la tributaria. El gremio asegura que quedan heridos de muerte.

“La reforma tributaria es la partida de defunción anticipada de la exploración y producción de petróleo y gas”, advierte Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Para los petroleros su carga fiscal pasará del 65 al 81 por ciento. Aseguran que así no podrán ser competitivos en la región, donde la carga fiscal es del 50 por ciento.Pero el Gobierno considera que sus ganancias son tan grandes que están en toda la capacidad de aportar más en esta coyuntura económica crítica.

Ben van Beurden, CEO de Shell, una de las petroleras más grandes del mundo, dijo recientemente en una cumbre del sector en Londres que gravar con impuestos a las empresas de energía puede ayudar a lidiar con la inflación. El ejecutivo se mostró a favor de “una intervención del Gobierno” que les cobre más impuestos a esas compañías y que dé como resultado “la protección de los más pobres”.

En Europa a las empresas del sector energético les están imponiendo más tributos. Por ejemplo, en España se aprobó un impuesto del 1,2 por ciento sobre las ventas de las compañías de servicios públicos de energía y se discute si debe ser por un periodo superior a los dos años. En República Checa, justo en estos días, el Gobierno propuso recaudar 6.000 millones de dólares con la imposición de impuestos a diferentes sectores de la economía, entre ellos el de energía, gas y minería.

Además, para nadie es un secreto que Petro prometió acelerar la transición hacia las energías limpias y, sin duda alguna, esta carga tributaria es una prueba de ello. Aunque se eliminó el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, se fijó una sobretasa en el impuesto de renta a las compañías petroleras y carboníferas del 10 por ciento en el primer año, 7,5 por ciento en el segundo y 5 por ciento en el tercero. Asimismo, se restableció la no deducibilidad de regalías en renta.

Ahí se encienden unas alarmas. Lo importante en este paso del Gobierno Petro, y que aún no está claro, es cómo reemplazarán en el mediano plazo los billones que le entran al Estado (34 billones por concepto de impuestos y regalías, según la ACP) si las industrias petrolera y carbonífera se debilitan y desaparecen más rápido de lo conveniente. Aunque estos impuestos pueden llevar a un mayor recaudo en el corto plazo, impactarán las decisiones de inversión de estas compañías, lo cual podría afectar la generación de recursos a mediano y largo plazo.

Si las finanzas de Ecopetrol se resienten, ¿de dónde saldrán los dineros para su conversión? Una cosa es tener una meta que se sintoniza con los ideales de la lucha contra el cambio climático, y otra, que sea realizable de la noche a la mañana en un país como Colombia, poniendo en jaque a un sector representativo de la economía nacional.

Además, son cientos de miles de familias que viven de este renglón. Hay que tener en cuenta, igualmente, que la actividad económica y una parte importante de las exportaciones del país en su historia reciente han estado atadas al petróleo, el gas y el carbón. Aunque el Gobierno ha dicho que a través del agro y el turismo, especialmente, se podrían reemplazar los billones de pesos que produce la industria petrolera y carbonífera en Colombia, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Se requieren años, inversiones y desarrollo, y el país está en pañales.

En el texto aprobado, asimismo, hay artículos que van en sintonía con el plan de Petro de que los que más tienen paguen más. Por ejemplo, se dio vía libre a un impuesto al patrimonio progresivo y por cuatro años con las siguientes tarifas: 0,5 por ciento para más de 3.000 millones de pesos; 1 por ciento para más de 5.000 millones de pesos; y 1,5 por ciento para más de 10.000 millones de pesos. La tarifa para las ganancias ocasionales y herencias quedó en el 15 por ciento y del 20 por ciento para los dividendos.

También, las pensiones de más de 13 millones de pesos serán gravadas (impactará al 0,2 por ciento de dicha población) y se aprobaron sobretasas de 3 puntos para las hidroeléctricas y de 5 puntos para el sistema financiero. En renta, en personas naturales, el sacrificio para los que ganan más será en total de 3,5 billones de pesos. A apretarse el cinturón.

Luego de su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Petro tenía entre sus manos tres alternativas para afrontar lo que ocurre cuando los Gobiernos gastan más de lo que recaudan, como el caso colombiano: pedir plata prestada y endeudarse más, imprimir billetes (una locura, a juicio de expertos) o aumentar impuestos. Petro y su equipo económico, dirigido por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, optaron por lo que han hecho todos los presidentes en la historia reciente: proponer una reforma tributaria, esta vez muy ambiciosa. Aunque se habló de un recaudo de 50 billones de pesos, quedó en 22 billones.

Dicha reforma está lejos de ser estructural. Ningún Gobierno la ha logrado, entre otras razones, por la fuerte presión de quienes gozan de más exenciones. En Colombia han sido aprobadas 21 reformas tributarias en las últimas tres décadas, que han sido, básicamente, paños de agua tibia en un país desfinanciado, incapaz de atajar la evasión y la elusión tributaria. De esta manera se dejan de recibir unos 80 billones de pesos, según Ocampo.

Ante el estallido social que desató la fallida reforma Carrasquilla del Gobierno de Iván Duque, el presidente Petro ha dicho que no busca golpear a la clase media y que los recursos servirán para fortalecer la “inversión social”.

Sin embargo, la gran preocupación es que si las empresas se debilitan, inevitablemente, se perderían empleos y esto afectaría a la clase trabajadora. El Gobierno quiere que parte del dinero recaudado se use para sacar adelante la reforma agraria, que pasa por cumplir con el histórico acuerdo que se acaba de suscribir con los ganaderos: la compra de 3 millones de hectáreas de tierra por 60 billones de pesos. Este programa tendrá que ser manejado con lupa para evitar excesos y corrupción.

En el contexto mundial, la confianza en la economía colombiana afronta una verdadera prueba de fuego. El dólar ha roto su propio récord y se cotiza por encima de los 4.600 pesos. La acelerada devaluación del peso también es otro indicador que preocupa.

Los fondos de inversión están en alerta y los mensajes de un ministro como Ocampo, respetado a nivel internacional, no han logrado calmar los ánimos. De hecho, intervenciones del presidente Petro, como la de esta semana, preocuparon a tal punto que Ocampo tuvo que salir a apagar el incendio. “El Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a imponer impuestos a los egresos de capital (...) No hay ningún temor para estos inversionistas. Más aún, celebramos que los capitales extranjeros estén entrando al país”, dijo el ministro.

Hasta el primer semestre de 2022, Colombia registró un déficit en la cuenta corriente de 10.199 millones de dólares frente a los 7.015 millones de dólares del mismo lapso en 2021. Esto indica que el país gasta mucho más en importaciones de lo que recibe por las exportaciones que lleva a las naciones que le compran bienes y servicios. Ese déficit solamente se puede solventar con inversión extranjera directa y para eso se requiere confianza.

De cara al corto plazo, la pregunta que surge es cómo esta reforma tributaria puede minar más la confianza y afectar el ambiente de inversión. No menos importante es lo que hará el Gobierno para atajar una inflación que se volvió el peor impuesto diario para la gente. Hay que reconocer que el fenómeno actual de la inflación no es culpa del Gobierno Petro y tiene explicaciones en factores internos y externos. Pero las próximas movidas de la Casa de Nariño serán determinantes para ver si este problema se exacerba o se logra frenar. Ahí es cuando el Gobierno debe tener cuidado y ser muy responsable.

¿Podrá imponer un control de precios? Esa medida poco ayudará a que el mercado actúe para incrementar la oferta de productos y servicios, lo cual podría empeorar el problema. Recetas similares llevaron a la hecatombe a otros países de la región, que ahora, años después, hablan de la importancia de atraer la inversión privada, la misma que espantaron con medidas que ahogaron el aparato productivo y obligaron al capital privado a migrar hacia otros lados.

El 2023 será un reto económico y social de gran escala para Colombia. La desaceleración de la economía, según proyecciones del Banco de la República, no tendrá vuelta de hoja el próximo año.

El pronóstico es de un crecimiento de solo el 0,7 por ciento. Aunque hay metas de recaudo optimistas, existen múltiples amenazas, y no propiamente locales, que pueden llevar a que los recursos que se esperan por la reforma tributaria se pierdan debido a un freno en la actividad económica. Es apenas obvio que en una recesión el consumidor se apriete el cinturón y no gaste. Así el recaudo cae, como ocurrió en la pandemia.

De hecho, ya se empieza a sentir la disminución en el consumo de los hogares y el apretón en el gasto debido a la disparada de las tasas de interés. El incremento en los créditos hipotecarios también tiene ahorcados a los colombianos y hay dificultades cada vez más grandes para adquirir los productos básicos de la canasta familiar.

Mientras tanto, en Estados Unidos la Reserva Federal ha subido las tasas de interés, lo que ha llevado a que una hipoteca a 30 años, que hace un año tenía intereses del 2,5 por ciento, hoy esté en 7 por ciento, y las señales de Jerome Powell, presidente de la FED, son seguir aumentando. Tanto en ese país como en Colombia la pérdida del poder adquisitivo de las personas es una de las más fuertes en décadas.

En el caso colombiano, a pesar de que en 2021 el incremento del salario mínimo fue del 10,04 por ciento, ya la inflación se tragó dicha alza y hoy la preocupación es de cuánto será el aumento del salario mínimo para el próximo año. No puede ser por debajo de la inflación, pero hay que tener cuidado si con un aumento excesivo se incrementa aún más el costo de vida, lo cual llevaría al Banco de la República a seguir aumentando las tasas de interés, que, a su vez, golpearían al consumidor, las empresas y la generación de empleo.

Ahora, el Gobierno tendrá que mostrar una hoja de ruta clara. ¿En qué invertirá los 22 billones de pesos de la reforma tributaria? Por el momento se ha dicho que se fortalecerá la inversión social. ¿Pero en qué rubros?, ¿de qué manera?, ¿cuántos serán los beneficiados? Definitivamente, en una época de vacas flacas, la plata no se puede derrochar ni invertir mal.

Es bien sabido que no hay impuesto que apriete más que el de la inflación, indicador que no volverá al rango del 2 al 4 por ciento, que busca el Banco de la República, hasta 2024 o 2025 si se hace lo correcto. Pero si al alto costo de vida se le suman más impuestos, el panorama se les complicará a los ciudadanos, muchos de los cuales podrían tomar la decisión de irse a otras latitudes. Ejecutivos y el gran capital humano buscarán oportunidades en otros países con climas tributarios más favorables.

Hoy Colombia es un país que recauda en materia de impuestos el 18 por ciento de su PIB, mientras que el promedio de las naciones de la Ocde llega al 33,1 por ciento. Por eso, se espera que la reforma de Petro empareje el recaudo por impuestos, como porcentaje del PIB, con el que tienen países de América Latina: cerca del 21 por ciento.

La única manera de que los países crezcan es con una mayor productividad a lo largo del tiempo, más y mejor educación, capacitación del talento y una decidida inversión, incluyendo en esta la tecnología. Hasta ahora, el plan del Gobierno para lograr esos objetivos no es claro, falta orden y rumbo.

Adicionalmente, sería una verdadera lástima que semejante esfuerzo tributario que harán los colombianos y las empresas termine en un gasto poco eficiente y en los bolsillos de los corruptos. Se hace necesario que los recursos se inviertan de manera adecuada para atender las demandas sociales. De lo contrario, el país habrá fracasado, una vez más, en empezar a resolver los problemas de fondo.

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