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La jefa de la cartera de energía advirtió en EL HERALDO que durante dos años las tarifas no hicieron más que subir, “y nosotros paramos esa tendencia”.

En medio de la moción de censura de la que salió finalmente airosa esta semana, la ministra de Minas, Irene Vélez Torres, habló con EL HERALDO de tarifas de energía en el Caribe, hidrocarburos, cambio climático, decrecimiento y machismo.

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¿Cuál es su balance de la moción?

Nos ha dado una enorme oportunidad de tejer relaciones con el Congreso. Aunque esta es una relación que debe ser natural, lo cierto es que esta fue una oportunidad excepcional para tejer nuestras agendas y dejar sobre la mesa los temas importantes para el país, en términos energéticos, pero también mineros y de transición, en todas sus dimensiones. Aprendí también cuáles son los intereses de los congresistas en sus regiones, pude entender las perspectivas de los diferentes partidos y me emocionó percibir de primera mano el consenso político que entre los principales partidos hoy compartimos por el cambio. Y por supuesto me ha parecido que ha habido un efecto multiplicador y pedagógico que tiene que ver con poner la agenda de la Transición Energética Justa en el centro de los debates de opinión pública en el plano nacional.

¿Cómo es lo del contrato para importar gas de Venezuela?

Es un intento por desinformar a los colombianos. Tal y como lo ha informado Ecopetrol, el contrato busca una asesoría jurídica para definir las opciones de un contrato anteriormente suscrito, en el 2007, entre Ecopetrol y la venezolana Pdvsa.

¿Hay ruptura entre usted y Minhacienda frente a la política minera?

No hay una oposición entre los dos ministerios, mucho menos entre los ministros. Como académicos que somos y como caleños tenemos muchas empatías. Pero más allá de los afectos personales, nos une una política de gobierno que es la misma para ambos y tiene que ver con asegurar que afrontamos la crisis contra el cambio climático y aseguramos la transición energética en nuestro país. Tenemos mesas técnicas permanentes en todo tipo de temas, incluyendo la revisión de los contratos de hidrocarburos, el precio de la gasolina, la transición fiscal, cómo vamos a manejar las propuestas de biocombustibles y las hidroeléctricas, entre otros.

¿Cómo está la situación de Air-e con la reducción del 45 % de las tarifas que se espera?

En el contexto del Pacto por la Justicia Tarifaria que se firmó hace más de dos meses, el Gobierno mostró que es su prioridad poner al usuario en el centro de las consideraciones del modelo eléctrico y asegurar que se desmercantiliza la energía. En este propósito, podemos decir que hay voluntad de los agentes del sistema eléctrico, pues más de 80 empresas se comprometieron a la renegociación de sus contratos. Esta meta de rebajar las tarifas de la energía eléctrica la hemos comenzado a cumplir. En primer lugar, logrando cambiar la tendencia. Recordemos que durante dos años, las tarifas no hicieron sino subir. Hoy, con el Pacto por la Justicia Tarifaria, paramos esa tendencia al alza. Y, en segundo lugar, logramos una reducción del 4,2 % promedio nacional entre agosto y octubre, como resultado de las medidas regulatorias y de los acuerdos adelantados con las empresas. En el caso de Air-e se ha alcanzado, hasta el momento, una reducción promedio de 5,7 % entre agosto y octubre.

Reconocemos que esta rebaja aún no es suficiente y que apenas son los primeros pasos en el empeño del Gobierno de llevar equidad y justicia tarifaria a todos los territorios. Seguimos comprometidos con trabajar más duro para encontrar salidas y poder diseñar un paquete de medidas especiales para la región Caribe, con el fin de enfrentar el alto costo de la energía.

¿Cuál es el compromiso de Air-e, las generadoras, transmisoras y los otros actores?

El compromiso de las empresas que se acogieron al pacto es lograr equidad y justicia tarifaria. En ese sentido, hemos seguido teniendo reuniones con las empresas para trabajar en alternativas que logren mantener los niveles de inversiones necesarios para seguir mejorando la calidad del servicio en el Caribe, pero con tarifas que sean más acordes a la realidad económica de la región. En cuanto al valor de la generación, vamos a buscar esquemas en los que se logre obtener precios eficientes en el mercado y así lograr mejores precios para el usuario final. En cuanto a las transmisoras, en la agenda regulatoria con la Creg buscamos plantear la nueva metodología de la transmisión, que requiere una revisión de este componente para buscar la justicia tarifaria.

¿Cómo va el asunto de las pérdidas que son trasladadas al usuario final?, ¿cuáles son las alternativas para esto?

Precisamente, el componente de pérdidas es una de las problemáticas heredadas de los últimos dos años, como factor del alza de las tarifas. En esto el Gobierno ha venido trabajando en el marco del pacto, y esperamos tener nuevos resultados pronto, implementando más medidas que conlleven a una tendencia de reducción de tarifas, especialmente en el componente de pérdidas para los usuarios de la región Caribe, quienes han sufrido la mayor afectación por esta causa.

El presidente ha hablado de especulación en el precio de la energía, ¿se prevén medidas al respecto?

Conscientes de que el precio en bolsa requiere una atención especial por parte del Gobierno, hemos venido trabajando de manera articulada con la Superservicios, que ya requirió a varias compañías del sector eléctrico por la subida en el precio de bolsa.

¿Cómo van los proyectos de energía eólica ‘offshore’ que se están cocinando en Atlántico y otros proyectos de energía alternativa para diversificar la matriz energética?, ¿eso seguiría adelante?

La transición energética justa está alineada con todos los proyectos de energías renovables no convencionales que se desarrollen en el país. Para el caso específico de los proyectos ‘offshore’, desde el Ministerio se están realizando mesas de socialización con los diferentes interesados en la asignación de áreas para la evaluación del potencial y posterior desarrollo de los proyectos, poniendo en pleno conocimiento de la comunidad que, justo frente a las costas de Atlántico, se tienen potenciales de vientos mayores a los promedios mundiales.

Tenemos expectativas importantes: Primero, esperamos que en el marco de la hoja de ruta ‘offshore’ se tenga gran participación en la asignación de áreas, tal que estos proyectos contribuyan significativamente en la diversificación de la matriz energética.

Segundo, esperamos que haya iniciativas de asociatividad privado-popular, en las que las empresas y comunidades puedan, en conjunto, ser dueñas de proyectos de generación, de esta manera aseguramos no solo el cambio de las tecnologías, sino también el de las relaciones sociales que sustentan el modelo energético. Respecto a otros proyectos, en Atlántico se está construyendo el parque solar Guayepo I & II, lo que sería considerado el proyecto solar fotovoltaico más grande del país, con una capacidad instalada de 486,7 MW en corriente directa. Adicionalmente, se viene construyendo otra serie de proyectos de menor escala que, según reportan los diferentes promotores, hasta la fecha se vienen desarrollando sin contratiempos.

¿Hacia dónde van la exploración y explotación de petróleo y gas en el país?

Tal como lo anunciamos en el debate, el país cuenta con un plan para aumentar las reservas de gas y petróleo que permitan respaldar la transición energética justa y que garanticen la autosuficiencia. En el caso del gas, tenemos reservas probadas de 3,164 terapies cúbicos (reservas P1) que abastecerán el país por los próximos 8 años. Agregando los recursos contingentes descubiertos en el ‘offshore’ de Uchuva y Gorgon II y en el bloque Sinú-9 en Córdoba la proyección es que con las reservas probadas, probables y posibles, se garantizaría el suministro hasta 2037. Incluso, si se suman los recursos prospectivos actuales, recientemente analizados por Ecopetrol, se aseguraría el suministro más allá del año 2042. El Ministerio, en la mesa técnica que constituyó junto con la ANH y la ACP, identificó 381 contratos, de los cuales 331 son administrados por la ANH.

El Gobierno decidió actuar sobre 35 contratos suspendidos, buscando que, con cuidado social y ambiental, se brinden garantías a las actividades exploratorias comprometidas en ellos. De estos contratos, 32 tendrían la capacidad de incorporar recursos prospectivos si se adelanta actividad exploratoria.

En cuanto al petróleo, el Ministerio identificó un gran potencial de aumento de reservas a través de la técnica del recobro mejorado, la cual se usa para aumentar la producción en yacimientos convencionales. Estimamos que esta técnica nos permitiría recobrar un 15 % más de recursos.

La oposición ha dicho que usted no tiene el conocimiento necesario para ocupar la cartera de Minas, ¿cree que hay machismo en estas descalificaciones?

Creo que gran parte de los cuestionamientos tienen que ver con que aquí hay una vanguardia de cambio, un gobierno que viene a desarrollarse con la gente y para la gente: eso llama la atención. Tiene que ver también un poco con que el sector minero-energético ha sido fundamentalmente masculino.

También, el hecho de que mi formación es en las ciencias sociales y humanas, y no en otros campos como la ingeniería y la economía, cuando las humanas tienen mucho que aportar en el camino del cambio que propone este Gobierno. En mi caso, sí siento que ha habido un poco de ‘bullying’, por ejemplo, cuando se habla de cómo me visto, de los tenis, en fin.

Es algo que uno preferiría que fuera menos relevante cuando los cambios que se están proponiendo son tan cruciales para el país.

Sobre la reciente declaratoria de patrimonio por parte de la Unesco de los saberes ancestrales de las comunidades de la Sierra Nevada, que consideran a la tierra como un ser vivo y le profesan un respeto sagrado, Vélez Torres señaló que “vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los saberes ancestrales para alcanzar una Colombia potencia mundial de la vida y la conservación de nuestro planeta. Como Gobierno, hemos hecho un llamado a la protección de estas comunidades y su vinculación en la construcción del país.

Desde el día uno le apostamos a que, desde la interculturalidad de las comunidades étnicas, puedan gobernar desde sus territorios y contribuyan orientando y definiendo el futuro de la nación y el planeta como sabios y sabias ancestrales. Los saberes ancestrales aportan conocimientos para lograr economías productivas y soberanía alimentaria, que tengan como eje la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático”.

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